El Pleno del Congreso de los Diputados ratifica definitivamente el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible tras votar las enmiendas introducidas en el Senado. La información destaca dos efectos relevantes para la automoción: por un lado, se mantiene el encargo al Gobierno de elaborar un Plan Renove Nacional; por otro, la ley finalmente no incluirá la disposición que obligaba a realizar un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT.
Sobre las etiquetas, se explica que se aprueba una enmienda presentada por el PP para suprimir la obligación de que, en 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presentase un estudio que analizara la necesidad de actualizar las etiquetas, teniendo en cuenta la evolución tecnológica, deficiencias en contaminantes e incluyendo el CO2 como criterio adicional. La votación se salda con 179 votos a favor y 171 en contra. El texto añade que esta supresión no impide que el Ejecutivo pueda abordar una revisión más adelante.
La noticia recuerda una intervención previa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado (mayo), en la que defendió el sistema actual de pegatinas, matizando que el Gobierno estaría de acuerdo en modificarlo cuando exista aval de expertos y sectores implicados. En ese punto, se señala que no hay consenso en el sector, y se menciona que Anfac considera que no es el momento, al poder frenar el impulso a la electrificación.
En paralelo, la ley conserva el mandato de desarrollar reglamentariamente un Plan Renove Nacional “complementario” a ayudas a vehículos electrificados. El texto concreta que el Gobierno debe desarrollarlo en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos. Además, se indica que el programa también beneficiaría a vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea Euro 6d.
El objetivo declarado de los incentivos sería la retirada y sustitución de vehículos de mayor antigüedad, de “cualquier tipología” (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador. Aun así, se advierte de que, pese al mandato, no habría garantías de materialización al no existir penalizaciones si no se desarrolla el programa.
Tras la aprobación, Faconauto reacciona señalando que la ley debería servir como punto de partida para un plan nacional de renovación del parque que pueda estar plenamente operativo en 2026, por el envejecimiento del parque y los objetivos de descarbonización. También se recogen declaraciones de su presidenta, Marta Blázquez, defendiendo un plan ágil y fiable, y la idea de que la renovación del parque no compite con la electrificación, sino que la impulsa.